¿Cuales son las funciones y responsabilidades de los representantes populares en un gobierno democratico
Respuestas a la pregunta
El ejercicio de la responsabilidad política, la obligación de rendir cuentas o la admisión de responsabilidad por parte de políticos y funcionarios públicos es un hecho excepcional en nuestro país.
Cuando surgen críticas y dudas por las actuaciones sospechosas o negligentes de algún funcionario público, la defensa se basa en que no cometieron actos delictivos que puedan ser perseguidos en la vía judicial, soslayando con frescura la responsabilidad política que el desempeño de su cargo conlleva.
Artera, y convenientemente, ignoran la distinción entre la responsabilidad jurídica, que implica transgredir disposiciones legales que puede resultar en condenas de tipo judicial, y la responsabilidad política, que aunque no supone necesariamente una sanción de tipo jurídico sí puede acarrear una sanción moral y política como la censura, la obligada renuncia o la destitución del cargo.
La responsabilidad de los representantes políticos, a quienes los ciudadanos le han delegado el poder y otorgado la confianza mediante el voto, incluye también la actividad de vigilancia y control político que valora, entre otros aspectos, la habilidad y prudencia de los gobernantes, su mayor o menor grado de diligencia y acierto en el tratamiento de determinados problemas públicos.
Proceder honesto. Cuando esa confianza concedida se pone en entredicho, se debilita o se pierde, lo correcto, lo digno, lo decente, lo que procede es la dimisión o, en su defecto, la destitución; lo que corresponde es asumir la responsabilidad política con la convicción de que esa es la vía para recuperar la confianza perdida o para restaurar una imagen desacreditada, de manera que prevalezcan los valores y principios que sustentan la democracia.
Casos concretos. Desde esta perspectiva, el caso de la “pifia” en la construcción de la carretera que entroncará con la nueva Terminal de Contenedores de Moín y el improcedente beneficio salarial recibido por la viceministra de la Presidencia, ilustran con contundencia la negativa y el rechazo de nuestros políticos y gobernantes a aceptar la responsabilidad política que su condición de representantes públicos les exige.
Silencio cómplice. Por otra parte y para sorpresa de muchos, estas y otras cuestionables actuaciones del actual gobierno han contado con el silencio cómplice de los dirigentes y grupos sindicales, quienes, en el caso de que se hubiesen producido en gobiernos de los llamados “partidos tradicionales”, estarían liderando huelgas y manifestaciones, al grito de corruptos, en las calles.
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