Cuáles son las dificultades que enfrenta pasar del diálogo a un proceso a un acuerdo de paz
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El acuerdo preliminar "para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", suscrito por las FARC y el gobierno colombiano el 26 de agosto pasado en La Habana, tiene como primer punto de agenda el "desarrollo agrario integral", que será el tema con el que arrancará el diálogo.
Y es que, después de todo, el tema de la tenencia de la tierra está en la base del conflicto armado colombiano: las mismas FARC nacieron a partir de un grupo de autodefensa campesina constituido en 1964, y el despojos masivo de tierras han sido una de las constantes de un conflicto que ha dejado casi cuatro millones de desplazados.
Además, Colombia continúa siendo uno de los países más desiguales de todo el planeta en lo que a la tenencia de la tierra se refiere, pues según un reciente informe de Naciones Unidas el 52% de la gran propiedad está en manos de apenas el 1,15% de sus habitantes.
Aunque ese es un problema ya ha sido reconocido por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
"Hay un acuerdo en Colombia, entre muchos sectores -con excepción del latifundio tradicional- de que hay que cambiar el modelo", le dijo a BBC Mundo Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (COHDES).
Pero, según Romero, mientras que el actual gobierno apuesta por un modelo agroindustrial que permita aprovechar las oportunidades generadas por los tratados de libre comercio, la guerrilla reclama redistribución de la tierra y apoyo para el campesinado.
Así las cosas, la paz en Colombia requerirá de políticas de desarrollo rural que puedan potenciar la agroindustria sin sacrificar la economía campesina y los proyectos de desarrollo alternativos de las comunidades que a menudo se sienten amenazas por las "locomotoras del desarrollo" impulsadas por el gobierno de Juan Manuel Santos.
Y Romero considera que, aunque difícil, un principio de acuerdo sobre el tema es ciertamente viable.
Una indicación en ese sentido podría ser la decisión del gobierno de congelar el proceso de aprobación de un proyecto de ley de Desarrollo Rural.