cuales eran las acciones politicas previstas por cisneros para remplazar al gobierno metropolitano en las colonias
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para terminar con la rivalidad entre Buenos Aires y Montevideo, que se personificaba en la enemistad entre Liniers y Elío, y que se había complicado más aún por la ya mencionada emergencia de una Junta de gobierno en la Banda Oriental, el 11 de febrero de 1809 la Junta Suprema Central designó virrey a Baltasar Hidalgo de Cisneros, capitán general de Cartagena y uno de los más prestigiosos marinos que había combatido en Trafalgar. Elío fue reemplazado por Vicente Nieto en la gobernación de Montevideo, disolviéndose la Junta oriental. La Junta Suprema, suponiendo que Liniers se encontraba sublevado, ordenó a Cisneros que concentrara toda la tropa en Montevideo, sofocara las fuerzas del relevado virrey, lo detuviera y lo juzgara por un tribunal militar, iniciando una política de represión contra posibles simpatizantes de Napoleón.
Tras diversas alternativas, finalmente Cisneros renunció a enviar a Liniers a España y le permitió establecerse en Córdoba. Asimismo desistió de designar a Elío como inspector general de armas, y éste, luego de resistirse por un tiempo a dejar la plaza de Montevideo, finalmente se dirigió a España en marzo de 1810. Por otra parte, la Junta Suprema Central creó la legación de España en Brasil, designando como ministro al marqués de Casa Irujo, con el objetivo de evitar que el virrey del Río de la Plata mantuviera relaciones directas con el Brasil, lo que era casi un símbolo de autonomía.
La reforma militar del virrey Cisneros, puesta en práctica el 11 de septiembre de 1809, mantuvo el predominio de las fuerzas criollas respecto de los españoles europeos. Cisneros abrió la carrera de las armas a los nativos en igualdad de condiciones que los peninsulares, rompiendo con la tradición española al reconocer a los regimientos urbanos americanos como veteranos. Las ideas democráticas que cundían en la América española ya habían significado el fin de la tradición que exigía "pureza de sangre" a los jefes del ejército español, y en las milicias americanas ya había numerosos oficiales mestizos y de origen labriego. La Junta Suprema no estaba bien predispuesta, pues, a estas innovaciones. Cuando en un intento por cooptar a los criollos, Cisneros también propuso a la Junta que se otorgara a Cornelio Saavedra el grado y sueldo de coronel, el gobierno español no respondió la petición, lo que decepcionó a los mandos nativos, cuya confianza en sí mismos ya era suficientemente alta como para no temer el castigo español en caso de rebelión.
El nombramiento de Cisneros y la formalización de la alianza angloespañola mediante el Tratado de 1809 fueron hechos casi simultáneos. Fue a Cisneros a quien le tocó aplicar el Tratado de Alianza en el Río de la Plata por medio de reglamentos provisionales fundados en principios pragmáticos, como ya había ocurrido en México, Lima y Caracas. Los comerciantes británicos inundaron nuevamente el Río de la Plata con sus productos. Reiteradas presentaciones de los comerciantes Makinlay, Dillon y Twaites al virrey le obligaron a reconsiderar su primera decisión de retornar al monopolio antes quebrado por Liniers. El erario estaba exhausto y los recursos no alcanzaban a pagar los gastos exigidos por la guerra.
El virrey consultó al Cabildo y el 31 de agosto éste determinó que debía excluirse la introducción de mercaderías que perjudicaran las industrias nacionales, como ropa confeccionada, ponchos, muebles y equipos de montar. El 4 de septiembre, el apoderado del Consulado de Cádiz, Miguel Fernández de Agüero, hizo un exhaustivo estudio sobre la conveniencia de defender la embrionaria industria local de las importaciones británicas. De esta manera intentaba defender los intereses monopolistas que representaba con una excusa razonable y localista. (1)
En contraposición, y exigiendo libertad de comercio, los intereses rurales locales se quejaban de que tenían seis millones de cueros que no podían vender. En su Representación de los hacendados y labradores, Mariano Moreno apoyó el plan del virrey. (2) Moreno ponderaba los beneficios del libre comercio, y al igual que el Cabildo opinaba que debía concederse un permiso provisional de importación por el término de dos años, conservando para los españoles algunos privilegios en el comercio minorista local. A su vez, el 14 de octubre la Audiencia elevó un informe anodino que le permitía al virrey resolver la cuestión según su voluntad. Otras voces, como la del doctor Julián Leiva, también aconsejaban conceder el permiso para introducir las mercaderías, arguyendo que de lo contrario se introducirían de contrabando.
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