Cual ah sido la actitud del gobierno frente a los problemas de los grupos indígenas?
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
A lo largo de los últimos dos años, cuatro poblaciones autóctonas de la Sierra Nevada han estado conversando con el gobierno para llegar a acuerdos sobre salvaguardar el territorio en una consulta previa. Sucede que estos diálogos están en peligro, puesto que existe una lucha entre los megaproyectos que quiere construir el Estado y los acuerdos con los locales, pero sobre todo entre los derechos de los indígenas y el proceder del gobierno.
Los kankuamos, koguis, wiwas y arhuacos han convivido en los territorios de la Sierra Nevada milenariamente y viven del equilibrio con la naturaleza. Sin embargo, han existido problemas con la consulta previa, pues entidades mineras, ambientales y energéticas quieren intervenir el territorio y el gobierno está otorgando licencias sin antes llegar a un acuerdo común con las comunidades residentes.
Por su parte, los indígenas están trabajando en tres textos como parte de la reivindicación de sus derechos: el primero es un “documento madre” que condensa su cosmovisión sobre el territorio y el mundo, el segundo un texto acerca del patrimonio inmaterial y el tercero un documento de cómo debería ser la consulta previa en la Sierra Nevada de Santa Marta. Aunque estos deberían servir para legitimar los derechos indígenas, se siguen otorgando licencias sin consulta de los pueblos.
En una entrevista hecha por El Tiempo a Rogelio Mejía, líder de los arhuacos, “esta es una postura política de los pueblos de la Sierra porque la consulta que se ha podido adelantar no tiene efecto positivo ni para la cultura ni para la Sierra Nevada. Bajo ese marco de qué sirve, si no pasa nada”.
Explicación:
Al respecto, Gloria Amparo Rodríguez, directora de la Especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia, afirma que no se ha llegado a acuerdos porque hacer un enlace entre los indígenas, los más de 14 pueblos adicionales que habitan en la Sierra y los intereses del gobierno resulta complejo, pero sobretodo porque no existe coordinación entre las entidades estatales que adelantan el tema.
Sin embargo, y a pesar del tema legal que implica, este problema trasciende a lo espiritual, pues la razón de que los indígenas estén exaltados es básicamente por la intervención de “la línea negra”, es decir una serie de montañas dentro de la Sierra que son sagradas para estas comunidades: “el centro del mundo”.
A pesar de que se han emitido dos resoluciones y la sentencia T849 que traza específicamente las áreas de no intervención, de acuerdo a los mamos en un encuentro realizado con el Ministerio de Interior en Chemesquemena (uno de los municipio de Valledupar), hay alrededor de 400 licencias otorgadas por el gobierno para trabajar el territorio. Sin embargo, Álvaro Echeverry, portavoz del Ministerio de Interior en las conversaciones, aseguró que son 21.
“No sabemos de dónde salen 400, puede ser de una preocupación frente al futuro, porque demandaron acciones del Gobierno, vía tutela, y la Corte Constitucional en la sentencia 849 dio la orden que todo proyecto, obra o actividad que se desarrolle dentro de la Línea Negra debe ser objeto de consulta previa”, agrega Echeverry.
Si toda obra en el territorio debe ser objeto de la consulta previa, ¿por qué los pueblos están en desacuerdo con las licencias en desarrollo y también parecen ignorar las que vendrán después? Es claro que existe una discrepancia entre lo que el gobierno afirma y los que los indígenas también. Mientras personajes como Londoño atestiguan que se respeta el derecho indígena y todo se hace por acuerdo común, Mejía sigue en pie con la afirmación de que el gobierno no ha respetado muchos acuerdos y que por ejemplo ha llegado al límite de construir puertos donde se había acordado una reserva.
Rodríguez, quien es enfática en la importancia cultural y patrimonial del territorio para los indígenas, asegura que “la principal tarea de estas etnias es cuidar y velar para que el territorio ancestral permanezca. Para lograrlo, hacen sus pagamentos y acuden a la jurisdicción ordinaria en busca de soluciones a conflictos ambientales como cultivos ilícitos, proyectos turísticos, desarrollo de puertos y represas y extracción de recursos naturales no renovables, específicamente minería”.