¿Crees que tus propuestas de solución a los problemas económicos de la actividad anterior están orientadas al bien
común de las familias y la comunidad?
¿Cómo tus propuestas de solución a los problemas económicos de la actividad anterior se orientan al bien común
y al respeto de los derechos humanos de las familias y la comunidad?
Reto:
¿Qué soluciones podemos plantear a los problemas económicos identificados en nuestras familias y nuestra comunidad?
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
La crisis de la pandemia ha puesto nuevamente al empleo en el centro de la discusión política. No es para menos: mientras la gran mayoría de peruanos y peruanas (impedidos de salir de sus casas para trabajar), se debate entre el contagio y el hambre, la CONFIEP presiona al Gobierno para “liberalizar” el despido colectivo y las suspensiones sin goce de haber, como “estrategias” para enfrentar la paralización económica. Un drama mayúsculo que afecta la continuidad de los empleos, especialmente, de los 4.7 millones de trabajadores asalariados privados ocupados en las micro y pequeñas empresas, de las casi 400 mil trabajadoras del hogar y de los más de 6 millones de autoempleados que viven de sus ingresos diarios, condenados a ser los primeros en engrosar las cifras de desempleo y subempleo, cuando no de coronavirus.
En este contexto, cabe preguntarse si son suficientes las medidas adoptadas por el Gobierno peruano para contener la propagación del virus, todavía en tendencia ascendente a pesar de la reclusión obligatoria, y al mismo tiempo evitar que la economía desfallezca.
El éxito de la cuarentena (achatar la curva de contagios a través de aislamiento social) exigía la entrega de subsidios económicos directos a los sectores más vulnerables. Para ello el Gobierno dispuso la entrega de S/ 380, hasta en dos oportunidades, para la población pobre y los independientes de menores recursos; el retiro de hasta S/ 2,000, por una única vez, de los trabajadores que no cotizan hace 6 meses como mínimo a las AFPs; la entrega de canastas de víveres, a través de las municipalidades distritales, para las familias pobres inscritas en el SISFOH, como las principales medidas.
Para nadie es novedad que el Estado peruano es estructuralmente débil, y las condiciones operativas de sus diversos estamentos a todas luces ineficientes. Con esta realidad a cuestas, las acciones adoptadas desde el Ejecutivo –de manera particular, el subsidio a la población económicamente vulnerable– son las correctas, aunque insuficientes. No solo para abarcar al conjunto de ciudadanos que de un momento a otro cayó en situación de vulnerabilidad económica, al perder sus empleos e ingresos. Sobre todo, por la gran diferencia que media entre los recursos destinados a financiar al sector financiero y los montos asignados para la subvención económica directa a los afectados por el desempleo y la falta de ingresos; una diferencia significativa que bien haría el Gobierno en explicarla.
La otra meta urgente era garantizar la continuidad de los casi 4 millones de empleos formales existentes en el sector privado. Estos se han visto amenazados desde el inicio de la cuarentena por los intentos unilaterales de algunas empresas por dejarlos “en suspenso”.
Para enfrentar esta situación, el gobierno dispuso que el sistema financiero recibiera S/ 30,000 millones, garantizados por el Tesoro Público, para ayudar vía créditos a las empresas a mantener la cadena de pagos. Asimismo, estableció que el mecanismo laboral a aplicar mientras duraba la cuarentena fuera la “suspensión imperfecta de labores” (licencia con goce de haber compensable) para las actividades consideradas no esenciales y donde no fuese viable el trabajo remoto o el teletrabajo. Del mismo modo, aprobó un subsidio del 35% de la planilla laboral para las empresas con trabajadores con remuneraciones menores a los S/ 1,500, con la condición que mantuvieran sus ingresos.
Explicación: