Comprender los diferentes cambios constitucionales que se dieron entre 1866 y 1891.
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Respuesta:
La búsqueda nacional de un régimen de instituciones jurídicas ha sido difícil y complicada. En el siglo XIX, cuando el país nace a la vida independiente, esa búsqueda estuvo caracterizada por las constantes pugnas entre aquellos grupos que deseaban conservar sus ancestrales fueros y privilegios y los que pretendían cambios sustanciales en favor de la sociedad. Aún ahora, las mismas viejas contradicciones sociales y económicas persisten.
Las ideas de Hidalgo plasmadas en los documentos publicados en Guadalajara en 1810; los conceptos de Morelos que apasionadamente rubricó en Chilpancingo y Apatzingán y que demandaban transformaciones estructurales profundas para el país, no modificaron la situación prevaleciente entonces; sin embargo, sacudieron la conciencia nacional.
Más adelante, cuando se inicia la Reforma, Valentín Gómez Farías, con el apoyo intelectual del Dr. José Ma. Luis Mora, llevó a cabo modificaciones constitucionales que aun cuando duraron poco tiempo, tendían a minar el centralismo político autoritario; así como a establecer el principio de una filosofía educativa como base de la libertad personal y del derecho social, que debería ser, por otra parte, el primer paso del desarrollo del país.
Todo este proceso de integración nacional encuentra múltiples obstáculos, pero no se detiene. La Revolución de Ayutla y la brillantísima generación de la Reforma, con Juárez al frente, proclaman la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma cuyos fines concretos eran destruir las caducas estructuras coloniales y erigir un estado jurídico-político de corte moderno, de acuerdo con las corrientes liberales predominantes en el mundo de entonces.
Y aunque este sacudimiento nacional provocó reacciones negativas como la Guerra de Tres Años, la intervención extranjera y el Segundo Imperio; logró la separación de la Iglesia y el Estado y la legitimación y consolidación de México como nación independiente. Las Leyes de Reforma y su incorporación al texto constitucional reafirman estos momentos históricos en la configuración política del país.
Lamentablemente después de la Reforma, se instaló en México el régimen porfirista que degeneró en una férrea y feroz dictadura, apoyada por los sectores reaccionarios del país y por el capital extranjero; aunque, justo es decirlo, en materia de política educativa hubo aportes importantes y sustanciales.
Al iniciarse el siglo XX, México no tiene las bases de sustentación que el liberalismo decimonónico requiere para propiciar su desarrollo; carece de capitales para promover una economía propia, su producción industrial y el comercio son casi inexistentes y la agricultura languidece entre formas rudimentarias de explotación. Y con una gran masa de la población sumida en las sombras de un negro pasado, el esfuerzo liberal se abate en el transcurso de la dictadura, aprisionado entre el latifundismo que obstaculiza las vías del progreso y las nuevas formas del capitalismo que deforman el desarrollo del país en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX.
El progreso material del porfiriato fue aprovechado por una minoría privilegiada de la sociedad; el pueblo en general se hundió en el atraso, en la miseria y en la ignorancia.
Durante todas estas etapas de la historia nacional, el plano de la educación fue una preocupación constante de los hombres y de los sectores liberales del país, dado que consideraban que la influencia educativa y la acción de la escuela, debían estar estrechamente vinculados a la organización política, económica y social de los pueblos; y que el Estado como representante de la sociedad debería orientar y dirigir la educación pública.