Comparen las políticas seguidas por Alfonsín y Menem en cuanto a la cuestión militar
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Tres meses después de asumir la presidencia, en su pueblo natal El Chamical, La Rioja, en octubre de 1989 Menem anunciaba en una conferencia de prensa que había firmado cuatro decretos. Se trataba nada más y nada menos de los primeros decretos donde indultaban a los responsables del golpe militar que desde 1976 a 1983 secuestraron, torturaron, desaparecieron, y se apropiaron no solo de bienes materiales sino, además, de los niños de los detenidos-desaparecidos, muchos de ellos nacidos en cautiverio.
Entre los beneficiados por los indultos se encontraban los jefes militares procesados que no habían sido favorecidos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, promulgadas durante la presidencia de Ricardo Alfonsín en 1986 y 1987; a los carapintadas que se habían alzado para pedir mayor impunidad durante el gobierno de Alfonsín; a los ex miembros de la Junta militar condenados por sus responsabilidades políticas y crímenes militares en la aventura de las islas Malvinas: teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, almirante Jorge Isaac Anaya y brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo. Los indultos también alcanzaron a los líderes de organizaciones armadas, que habían sido juzgados y condenados durante la presidencia de Alfonsín. Y a fines de diciembre de 1990, pocos días después de un nuevo alzamiento carapintada, Menem firmaba seis nuevos decretos que indultaba a los ex miembros de las Juntas de Comandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985: Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini.
Según el decreto N°1003 de octubre de 1989 los fundamentos de esta decisión que tomó el Poder Ejecutivo buscaban “la reconciliación, el mutuo perdón y la unión nacional”. En una nota que publicamos en este diario planteamos nuestra interpretación sobre cuáles fueron las razones y pretensiones que llevaron a Menem a firmar los indultos, donde, bajo la “teoría de los dos demonios”, volvió a igualar lo actuado por los grupos armados con el genocidio de clase que cometieron las Fuerzas Armadas, con la participación imprescindible de los empresarios que entregaron a los obreros de sus fábricas a los grupos de tareas. Incluso, en varias empresas funcionaron Centro Clandestinos de Detención. Al día de hoy estos empresarios no fueron condenados. Sólo algunos fueron juzgados pero se dictaminó la “falta de mérito”: un eufemismo con el que se intenta encubrir la impunidad de la que aún gozan los empresarios golpistas.
El 75% de los argentinos, de acuerdo con las encuestas de entonces, se oponían a los indultos. Multitudinarias movilizaciones se extendieron en todo el país, y desde Plaza de Mayo marcharon cientos de miles de personas en repudio a los indultos. Además, las movilizaciones reclamaban, juicio y castigo a todos los culpables. Una bandera que aún hoy sigue en alto.
Bajo el gobierno de Menem surgió la organización H.I.J.O.S., que con su activa participación, junto a sectores de la juventud, “escracharon” los domicilios de los represores que habían actuado en la última dictadura militar. Menem no pudo lograr la reconciliación que pretendía con estos indultos.
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