¿cómo se construiría el derecho ciudadano?
Respuestas a la pregunta
Respuesta:Diversos autores distinguen entre una ciudadanía pasiva, aquella ciudadanía formal, consagrada legalmente que supone sujetos de derechos protegidos por el Estado, y una ciudadanía activa, que requiere la existencia de sujetos políticos capaces de hacer exigibles sus derechos, de realizar prácticas autónomas, deliberantes y participativas.
Al Estado le corresponde la noción de rendir cuentas (accountability) y a la sociedad civil la responsabilidad de ejercer control ciudadano y desarrollar ciudadanía activa.
Ello significa que el Estado tiene una responsabilidad ante la ciudadanía y ésta a su vez tiene la tarea de exigir en conciencia el “derecho a tener derechos” y el cumplimiento de los compromisos sociales de los gobiernos en las materias correspondientes.
La ciudadanía dice relación con el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para actuar en el debate, gestión y fiscalización de la acción pública, con autonomía y poder.
Para viabilizar mecanismos que permitan construir una ciudadanía activa se han aprobado en los últimos años dos importantes leyes, lamentablemente aún poco difundidas y utilizadas por la gran mayoría de los y las ciudadanas de nuestro país.
La Ley de Acceso a la Información Pública (20.285), promulgada el año 2008 e implementada a partir del año 2009, nació de una moción parlamentaria y establece mecanismos y sanciones para que el derecho a la información pública sea tal, y todas y todos los ciudadanos podamos tener elementos para ejercer un mayor control ciudadano.
La Ley de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (20.500), promulgada en febrero de 2011, nació de un mensaje del ejecutivo del año 2004 bajo el gobierno de Ricardo Lagos y tuvo una larga tramitación que incluyó todo el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Esta ley tiene plazo de un año para entrar en ejecución, pero se señala que el 16 de agosto de 2011 deben estar todos sus elementos normativos definidos. Ello quiere decir que las ordenanzas y los reglamentos que determinarán su forma de operar tanto a nivel nacional (ministerios y servicios públicos), como a nivel regional y local (municipalidades) deben generarse y estar aprobados antes de esa fecha. Estas normas serán de vital importancia para saber cómo operará esta esperada Ley.
Explicación: