¿Cómo podemos implementar aspectos fundamentales
sobre los retos para construir paz y una cultura de paz en
Colombia? te doy corona si lo respondessssssss
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
SE NECESITAN JUSTICIA, VERDAD Y REPARACIÓN.
Reflexiones sobre la necesidad de aplicar los derechos a la verdad, a.
la justicia y a la reparación para poder superar el conflicto armado.
interno en Colombia y lograr una paz duradera y sostenible.
Respete la vida en todas sus formas y rechace las diferentes expresiones de violencia, así como las justificaciones que intentan legitimarla.
Piense bien de los demás. ...
Transforme el lenguaje de la guerra. ...
Reconozca por qué existen y para qué sirven las normas.
Explicación:
........
Respuesta:
La historia reciente colombiana ha tenido varios procesos de paz, escenarios para disputas, reflexiones y soluciones. Habría que tener esto en cuenta para enfrentar los retos que supondría una posible firma de paz con las FARC.
En las líneas que siguen, quisiera hacer unas cuantas observaciones sobre las implicaciones de un proceso de paz y sobre algunos de los retos que deberá enfrentar la sociedad colombiana una vez se logre llegar a un acuerdo con las FARC.
Procesos de paz
Colombia cuenta con una larga experiencia en materia de diálogos entre los gobiernos y diversas agrupaciones armadas ilegales. Desde 1982, con la llegada al poder de Belisario Betancur, el diálogo como mecanismo para superar los conflictos armados ha sido una herramienta para alcanzar la reconciliación entre las partes enfrentadas.
A partir de ese “modelo”, los resultados de los procesos de paz no son desdeñables: la mayor parte de los grupos guerrilleros, o facciones importantes de ellos, se desmovilizaron a finales de los años ochenta y comienzos de la siguiente década. Además de las partes involucradas, la participación de otros sectores ha sido sin duda un factor clave en los avances de los diálogos. En un nuevo contexto internacional (derrumbe de los Estados comunistas) y nacional (nueva carta constitucional), importantes dirigentes guerrilleros y numerosos simpatizantes de la izquierda, que hasta los años noventa no ocultaban su desconfianza hacia el Estado y hacia sus propuestas de paz, se libraron a una autocrítica en torno a la lucha armada, tras la cual decidieron aceptar los retos de lanzarse a la legalidad. Desde la orilla opuesta, la Iglesia católica, que también se había opuesto a los diálogos, empezó a mostrar una nueva actitud, motivada seguramente por el evidente debilitamiento del tan temido comunismo. De esa manera, los diagnósticos que, hasta principios de los años noventa se empecinaban en hacer de la “crisis moral” y del “alejamiento de Dios” las principales causas para explicar los problemas del país, comenzaron a dar cabida a la pobreza, a la corrupción, al desplazamiento forzado, a la violación de los DD.HH, es decir, decidieron tomar en cuenta la compleja realidad nacional. Hoy en día, la participación en las negociaciones incluye, por fin, a las víctimas del conflicto, a los militares y a otros sectores de la sociedad civil.
Más allá de los avances alcanzados, aún quedan por resolver puntos muy delicados. Uno de ellos, sin duda, concierne el marco jurídico que decida la suerte de los guerrilleros, muchos de ellos acusados de crímenes que no son susceptibles de quedar en la impunidad. ¿Cómo resolver el dilema entre la aplicación de la justicia y la desmovilización de una guerrilla que difícilmente contemplaría la opción del diálogo si su futuro fuese la cárcel?
¿Cómo resolver el dilema entre la aplicación de la justicia y la desmovilización de una guerrilla que difícilmente contemplaría la opción del diálogo si su futuro fuese la cárcel?
Justicia y memoria
La justicia transicional es un mecanismo que busca asegurar los derechos de las víctimas de violaciones del Derecho Humanitario en aquellos Estados que pretenden transitar de una etapa de conflictos o de dictadura hacia la democracia. Esto implica, en primer lugar, esclarecer los crímenes que se cometieron durante el conflicto, en segundo, castigar a los responsables y, finalmente, reparar a las víctimas, ya sea material o simbólicamente. Este tipo de justicia se inscribe en un nuevo contexto jurídico, en el que una serie de instancias internacionales impiden que las iniciativas de los Estados nacionales tiendan a fomentar el perdón y el olvido de lo que sucedió.
Inevitablemente, se producen una serie de tensiones entre los imperativos jurídicos –castigar a los culpables– y los ideales políticos –alcanzar la paz–. Esas tensiones plantean preguntas muy complejas, por ejemplo: ¿Es posible, es deseable, es benéfico que la justicia se muestre flexible si tal es el precio que hay que reconocer para asegurar el éxito de las negociaciones? El gobierno, acompañado por otros sectores, ha evocado argumentos para legitimar ciertas dosis de impunidad, para defender los beneficios de un acuerdo que pone fin al conflicto armado con la guerrilla. Pero de igual forma, y formulados con la misma convicción, se escuchan los reparos por lo que puede significar un perdón que no implique castigo. ¿El crimen paga? Éticamente, ¿es posible que delitos repudiables, que no debían tener cabida en una sociedad que aspira a ser democrática, sean objeto de perdón y olvido?