¿cómo llega el liberalismo a Argentina?
Respuestas a la pregunta
Unas décadas más tarde, quizás el teórico liberal más notable que dio nuestro país, Juan Bautista Alberdi, el autor del libro que sirvió de base para la redacción de nuestra Constitución Nacional, analizando los gobiernos liberales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, escribía: «Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre, para ellos, no consiste en gobernarse a sí mismos sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno: he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno: he ahí todo su liberalismo. El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los otros es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo; la disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte»
Ambos pensadores, quizás los exponentes más lúcidos del liberalismo criollo del siglo XIX, ponían el dedo en una llaga nunca cicatrizada: la dicotomía existente entre una práctica política conservadora y una proclamada ideología liberal que sólo se expresaba en algunos aspectos económicos. Ni siquiera en todos, porque la crítica liberal que planteaba la no intervención estatal no funcionó nunca en nuestro país si se trataba de apoyar con fondos estatales la realización de obras públicas por contratistas privados cercanos al poder, o del salvataje de bancos privados como viene ocurriendo desde 1890 a la fecha. Para los autodenominados “liberales argentinos” estas intervenciones estatales en la economía no eran ni son visualizadas como tales. Pero estuvieron y están prestos a calificar como “gasto público” a lo que los propios teóricos del Estado Liberal denominan sus funciones específicas como la salud, la educación, la justicia y la seguridad y que son denominados, incluso por los autodenominados “organismos financieros internacionales” como “inversión social”, porque el Estado recuperará cada peso invertido en una población sana, trabajadora con capacidad laboral y tributaria. Si el estado no cumple con estas funciones básicas, decía John Locke (1632-1704) -uno de los padres fundadores del liberalismo- el pacto social entre gobernantes y gobernados se rompe y los ciudadanos tienen derecho a la rebelión.
El liberalismo político significaba teóricamente respeto a las libertades ciudadanas e individuales (libertad de expresión, asociación, reunión), existencia de una constitución inviolable que determinase los derechos y deberes de ciudadanos y gobernantes, separación de poderes para evitar cualquier tiranía, y el derecho al voto, muchas veces limitado a minorías.
Junto a este liberalismo político, el estado burgués del siglo XIX estaba también asentado en el liberalismo económico: un conjunto de teorías y de prácticas al servicio de la alta burguesía y que, en gran medida, eran consecuencia de la Revolución Industrial.
La alta burguesía europea veía con preocupación cómo alrededor de las ciudades industriales iba surgiendo una masa de trabajadores. Necesitaba, por lo tanto, una doctrina que explicase este hecho como inevitable y, en consecuencia, sirviese para tranquilizar su propia inquietud. Tal doctrina fue desarrollada por dos pensadores: el escocés Adam Smith (1723-1790) y el británico Thomas Malthus (1766-1834).
Smith pensaba que todo el sistema económico debía basarse en la ley de la oferta y la demanda. Para que un país prosperase, los gobiernos debían abstenerse de intervenir en el funcionamiento de esa ley “natural”: los precios y los salarios se regularían por sí solos, sin intervención alguna del estado y ello, entendía Smith, no podía ser de otra manera, por cuanto si se dejaba una absoluta libertad económica, cada hombre, al actuar buscando su propio beneficio, provocaría el enriquecimiento de la sociedad en su conjunto, algo así como la tan meneada y falsa teoría del derrame.
Malthus partía del supuesto de que la población crecía mucho más rápido que la generación de riquezas y alimentos. Pensaba que la solución estaba en el control de la natalidad de los sectores populares y en dejarlos abandonados a su suerte para que la naturaleza, en este caso la injusticia, actuara disminuyendo así su número a lo “deseable”.
Tanto Malthus como Smith promovían la inhibición de los gobernantes en cuestiones sociales y económicas. Sus consejos fueron muy escuchados y practicados por estos lares.
La trayectoria del autodenominado “liberalismo argentino” ha sido por demás sinuosa pero coherente. El credo liberal no les ha impedido a algunos formar parte de todos los gabinetes de los gobiernos de facto de la historia argentina. Han tolerado y en muchos casos justificado y usufructuado de la represión de la última dictadura militar para seguir haciendo negocios sin ser molestados y, como admite uno de ellos, Mariano Grondona, estaban más preocupados por la flotación del dólar que por la flotación de los cadáveres en el Río de la Plat: