¿Cómo hay que garantizar la independencia de los magistrados constitucionales?
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
El Estado de derecho es consustancialmente democrático. No puede imaginarse siquiera un Estado de derecho en una organización autocrática u oligopólica. Por ello, los constitucionalistas alemanes Waldemar Besson y Gottard Jasper,3 señalan que: "Una democracia libre, que involucre la participación de los miembros de la sociedad en el proceso político democrático, requiere de una adecuada organización jurídico-estatal. Democracia y Estado de derecho constituyen una unidad indivisible, entendiéndose por Estado de derecho a todos aquellos principios y procedimientos que garantizan la libertad individual y la participación en la vida política." Existe una oposición total e irreconciliable entre el Estado de derecho y el Estado policiaco y autoritario, en el cual el sistema judicial no es sino uno de los instrumento más de la maquinaria del Estado o del partido, por lo que no existe la seguridad de contar con un juicio justo conducido por los jueces naturales, sino que los encargados de impartir justicia son funcionarios sumisos que actúan conforme las órdenes que les imparten quienes detentan el poder, esto determina que todos los ciudadanos4 se vean permanentemente expuestos a la más variada gama de atropellos, en un clima de desconfianza y recelo.
Además, no hay seguridad jurídica porque se reforman las leyes en cualquier momento, dándolas el contenido que mejor se acomode a los intereses e inclusive al capricho de quien detenta el poder, e inclusive dotándolas de efecto retroactivo, con lo cual se criminaliza conductas que eran perfectamente legítimas cuando se realizaron, endureciendo penas en perjuicio de los ya condenados por infracciones y privando a los ciudadanos de derechos válidamente adquiridos.
Los citados profesores Besson y Jasper señalan que ocurre todo lo contrario en el Estado de derecho democrático, en el cual "los funcionarios públicos quedan sujetos a la ley y al derecho." En efecto, todos los ciudadanos del Estado son iguales ante la ley, por lo tanto, todos pueden hacer valer sus derechos, inclusive ante el poder político y aun si otras instancias políticas se lo pretendieran negar. En particular les asiste el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. En este concierto, el velar por la preservación y la garantía de este derecho es el fin primordial del Estado de derecho y, por esta razón, el propio Estado limita toda actividad pública en beneficio de la libertad de sus ciudadanos. Las autoridades sólo pueden actuar cuando a tal efecto les ha sido conferida la competencia necesaria, la que no pueden atribuirse por iniciativa propia, ya que la Constitución y la ley son las instituciones encargadas de esta atribución. "En tal sentido, el Estado de derecho es siempre un Estado legal y constitucional. El sometimiento de la autoridad pública al derecho, garantiza la libertad del ciudadano que sólo podrá verse afectada mediante expresa autorización emanada de una ley. La única institución facultada para otorgar tal habilitación es la representación del pueblo a través de un procedimiento formal, establecido en la constitución. Una justicia independiente es la encargada de velar por la observancia de estas normas. La división de poderes y el Estado de derecho son, pues, indisolubles.
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