Cómo era la vida de la iglesia al principio del siglo xx
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A pesar de las polémicas en torno a la educación y al matrimonio, el liberalismo había terminado por aceptar el Concordato de 1887, pero sin abandonar su aspiración a reformar al texto vigente, para adaptarlo a la realidad nacional, como proclamó en la Convención Liberal de 1935: allí aclara que no es de su esencia ser un partido de propaganda religiosa ni antirreligiosa, pero proclama la libertad de cultos y se muestra partidario de la escuela gratuita, única, laica y obligatoria. También considera que la vida civil debe ser regida por la ley civil: por ello, debe llevarse el divorcio vincular a la legislación nacional.
Por esto, esos años se vieron caracterizados por una intensa polarización en torno a la reforma constitucional de 1936, a la cual se opuso el episcopado en pleno y el directorio conservador: no se podía admitir como Constitución colombiana, afirmaban los obispos, "una cosa" que no interpretaba "los sentimientos y el alma religiosa de nuestro pueblo", pues se suprimía el nombre de Dios del encabezamiento del texto constitucional y la mención de la religión católica como elemento esencial del orden social. Además, se suprimía el reconocimiento explícito de los derechos de la Iglesia, su exención de impuestos para templos y seminarios, su dirección de la educación, etc. Se hablaba, afirman los obispos, de "libertad de cultos en vez de una razonable tolerancia", se sustituye la mención de "la moral cristiana" por la de "orden moral", que es "una frase ambigua". En resumen, sostienen los obispos, se cambiaba "la fisonomía de una Constitución netamente cristiana por la de una Constitución atea".
Además, se quejaba el episcopado, la reforma admitía el divorcio vincular prescindiendo del Concordato vigente, declaraba la beneficencia pública como función del Estado, al que otorgaba una intromisión inadmisible en las obras asistenciales de la Iglesia, a la que obligaba a recibir en sus colegios privados a "los hijos naturales", sin distinción de raza ni de religión. Consideraban los obispos que la reforma constitucional estaba "preñada de tempestades y luchas religiosas", pues los legisladores verían que no era fácil "imponer a un pueblo creyente instituciones contrarias a la religión que profesa". Pero, en realidad, la reforma sólo pretendía una normal secularización de la vida política y de la legislación colombianas, que chocaba lógicamente con la mentalidad sacralizada, de tipo constantiniano, de la mayoría de la jerarquía y clero del país.
Esta polémica se proyectaría en la discusión en torno al Concordato de 1942, que buscaba precisamente armonizar la situación de las relaciones Iglesia-Estado con el nuevo texto constitucional. Según algunos analistas, en el curso de las negociaciones el gobierno liberal había ido moderando sus exigencias inicialmente extremistas hasta contentarse con una negociación parcial sobre matrimonio, registro civil y administración de cementerios. Por esta "actitud tan conciliadora", el Vaticano aceptó la negociación y quiso aprovechar la ocasión para desterrar los vestigios del patronato español, ocultos en el Concordato de 1887. Como resultado de cinco años de estudio y negociación, el 12 de abril de 1942 se llegó a un acuerdo entre Darío Echandía y el cardenal Luis Maglione, en nombre de Pío XII. La Santa Sede estaba interesada en excluir el privilegio presidencial de recomendación de obispos, pero el acuerdo terminó reafirmando el derecho de veto presidencial a los candidatos al episcopado, que se extendía ahora a los obispos coadjutores con derecho a sucesión, aunque se hacía constar el principio de que el nombramiento pertenecía a la Santa Sede y se suprimía el derecho de presentación de candidatos. Todos los obispos deberían ser colombianos y jurar obediencia a las leyes nacionales, lo mismo que no participar ni dejar participar al respectivo clero en "ningún acuerdo que pueda perjudicar el orden público o a los intereses nacionales". Se reiteraba la obligación de la presencia de un funcionario civil en los matrimonios católicos, las causas de separación matrimonial pasaban a la justicia civil y la administración civil se hacía cargo de los cementerios.
Sin embargo, algunos sectores de la Iglesia y del partido conservador no estaban de acuerdo con el arreglo conciliatorio, sino que consideraban que el nuevo texto concordatario era fruto de un complot masónico, que no tenía en cuenta a la mayoría del clero y la jerarquía, ni la realidad católica de la nación. Este ambiente polarizado explica por qué el concordato de 1942 nunca entró en vigencia, a pesar de haber sido aprobado por el Congreso, ya que el presidente se abstuvo de realizar el canje de ratificaciones, requerido para su vigencia.
Eso es todo:)