como darle una solución a la inestabilidad territorial a los pueblos indígenas
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El MIINTÚ, además, apuntó en la convocatoria de la manifestación las “profundas violaciones a los derechos culturales”; por ejemplo la quema de un Úsule, o casa tradicional bribri, en la comunidad de Cabagra y la quema de otra estructura tradicional en Bröran (Térraba).
Cabe recordar que en diferentes territorios indígenas la población ha iniciado un proceso de recuperación de tierras, pues gran parte de los terrenos dentro de los territorios está en manos de no indígenas.
Marvin Ortiz, indígena participante de la recuperación de tierras en el territorio indígena de Cabagra, indicó que “nos sentimos amenazados por los terratenientes no indígenas que viven dentro del territorio”.
Además, destacó que, debido a los violentos incidentes, dos miembros del Consejo de Mayores –máxima autoridad tradicional– de la comunidad fueron hospitalizadas, y que un 60% del territorio indígena de Cabagra está en manos de terratenientes no indígenas.
“¿Qué podemos esperar del Gobierno? Que sea veraz y que cumpla las leyes ya establecidas desde hace mucho tiempo”, expresó.
Ese mismo día se registró un nuevo acto de violencia en el territorio de Salitre. Según denunció durante la manifestación Sergio Cabrera, de la organización Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), a las 5:30 a.m. se dio “un ataque contra uno de los campamentos de recuperantes”.
Fue contra Minor Ortiz Delgado, quien –detalló Cabrera– hace tiempo había recuperado una parcela que le había entregado el gobierno local.
“Llegó el no indígena acompañado de cuatro peones, quemaron la casa y empezaron a chapear y trabajar la finca de la familia indígena de Minor Ortiz Delgado”, puntualizó.
Cabrera añadió que la policía “subió, hizo la inspección, se fue, pero no detuvo a los agresores, a los usurpadores no indígenas”.
PERSISTENTE DISCRIMINACIÓN
A finales de marzo, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un informe sobre Costa Rica en el que hizo constar su preocupación ante “la persistente discriminación estructural contra miembros de pueblos indígenas y personas afrodescendientes que afecta su acceso a la educación, empleo y vivienda”.
Ese informé apuntó que el Estado debe “redoblar sus esfuerzos” por erradicar los estereotipos y la discriminación contra “los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad”.
Recomienda, por tanto, se pongan en marcha campañas de concientización que promuevan la tolerancia y el respeto de la diversidad, así como la creación una que prevenga y sancione todas las formas de discriminación.
Al respecto, la Defensoría de los Habitantes apuntó en un informe alternativo que “Costa Rica no cuenta con mecanismos que faciliten la adopción de acciones afirmativas en favor de grupos históricamente discriminados”.
La Defensoría apuntó que tampoco se cuenta con sanciones contra quienes cometan actos discriminatorios y que presentó una propuesta de proyecto de Ley Marco contra la Discriminación a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
Explicación:
GG