CINCO CASOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERU.
porfi xd
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Después de 15 años de haber finalizado el gobierno de Alberto Fujimori, se siguen conociendo hechos que constituyeron violaciones a los derechos humanos. Los casos más conocidos han sido La Cantuta y Barrios Altos, casos en los cuales la Republica de Perú reconoció su responsabilidad internacional por las masacres ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Este tribunal, además, estableció que un Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, y lo ha reiterado a lo largo de su jurisprudencia. Sin embargo, y lastimosamente, solo hemos conocido estos casos.
En el año 1999, es presentada una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de los derechos de la señora María Mamérita Mestanza Chávez, quien falleció por ser sometida a un proceso quirúrgico de esterilización de manera forzosa. En este caso, igualmente, el Estado de Perú reconoció la responsabilidad internacional y se comprometió a investigar los casos de victimas del denominado Plan de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, dándole una solución amistosa al caso en el año 2003. A pesar de lo anterior, el Estado, por medio de sus autoridades, decidió archivar los casos, por considerar que en su legislación interna no se encuentra tipificada la conducta de esterilización forzosa, sin adoptar ningún otro tipo de medida.
EL 8 de junio de este año se vuelve a hablar de una noticia, después de tanto tiempo, más de 2.000 mujeres fueron víctimas de esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori, la mayoría de ellas campesinas, indígenas o analfabetas[1]. Entre otros casos, encontramos la historia de Sabina Huilca Cóndor, quien al atada a una camilla e insultada, mediante la fuerza y el engaño, sin las herramientas apropiadas y sin precaución higiénica, le abrieron el vientre para esterilizarla y posteriormente fue cosido, huyó a su pueblo y al llegar se limpió la herida con jabón para lavar ropa. El año pasado, Sabina Huilca afirmó "ahora tengo cáncer, se me juntó sangre seca en el ovario", mientras mostraba la cicatriz oscura en su vientre[2].
A pesar de todo lo anterior, el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para reparar de manera integral a las víctimas. A partir de lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) ratificada por Perú, el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar todos los derechos humanos en ella contenidos.
El presente caso se dirige al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo cual, es posible considerar que existe una violación de los derechos de aproximadamente 2.000 mujeres que fueron esterilizadas por medio de la coacción, y como lo estableció la CIDH[3], se presenta una vulneración al derecho a la integridad personal y a la igualdad consagrados en los artículos 5 y 24 de la CADH, así como la transgresión del artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belém do Pará", en relación con el deber de respetar los derechos contenido en el art. 1.1 de la CADH.
Asimismo, es importante hacer la pregunta de ¿Cómo es posible que un Estado no investigue una situación de violación masiva de derechos humanos? Los Estados latinoamericanos, históricamente, han presentado casos atroces, masacres, dictaduras, feminicidios, y a pesar de sus compromisos internacionales no han optado por cumplir con esas obligaciones; la actitud de la mayoría de los Estados ha sido dirigida al olvido y a dejar en el pasado los hechos sin querer cumplir con las consecuencias.
Por: Cindy Hawkins. Miembro del Comité Editorial