casos de autoritarismo en Perú
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Respuesta:
La década de 1990 es uno de los peores periodos de la historia del Perú. En esos años se rompió todo equilibrio entre mercado, Estado y sociedad. También se resquebrajó casi todo balance entre economía, política y sentido ético y solidario; a tal punto que sus principales protagonistas están hoy en condición de fugitivos o encausados en numerosos procesos judiciales. Fue, pues, una década signada por el autoritarismo y la corrupción ejercidos por un gobierno que alcanzó ribetes mafiosos nunca antes vistos en nuestra historia.
Se trató, también, de años adversos para la idea del desarrollo con contenidos sociales y democráticos. El discurso imperante y la política económica le rendían culto a los mecanismos de un mercado supuestamente libre. En 1990 se aplicaron medidas de radical e indiscriminada reducción de los gastos e inversiones del Estado, como parte de su privatización. También fue indiscriminada y radical la liberalización del comercio y de los precios. Esta política sirvió para mejorar sobre el papel las cuentas fiscales y los negocios de las grandes empresas, especialmente las financieras. Sus efectos, sin embargo, resultaron profundamente destructivos del consumo de la gente común y corriente y sobre los sectores productivos como la agricultura y la industria. La educación y la salud públicas, así como la seguridad ciudadana, sufrieron un enorme deterioro. El Ministro de Economía que inauguró esta política en agosto de 1990 concluyó su discurso pidiendo “Que Dios nos ayude”. En ese momento, nuestra revista institucional (Quehacer n.º 63) tituló: “Acabar con la inflación, sí; pero NO así”.
Al inicio de este periodo desco mantuvo e incluso amplió sus compromisos con las organizaciones sociales, las agencias de cooperación y las diversas instituciones socias en redes y consorcios. Sin embargo, los problemas de la época obligaron a adecuar algunos de nuestros proyectos. Un efecto del enorme recorte de salarios y derechos laborales fue el significativo debilitamiento de las organizaciones sindicales, de sus actividades y de sus movimientos. Ello llevó a que se tuviera que reorientar el trabajo del antiguo Programa Laboral hacia otras líneas de promoción de la pequeña producción y el empleo, y al fortalecimiento del Programa de Microempresarios.
A partir de 1992, con el inicio de la privatización y venta de numerosas empresas estatales a precio de remate, con enormes facilidades tributarias, con recortes significativos de los derechos laborales y con muy escasa transparencia, empezó a reactivarse la economía, pero básicamente en sectores como la minería, las finanzas y ciertos servicios. La industria, la agricultura y los servicios públicos, como la educación, continuaron en su nivel de depresión a lo largo de la década.
En abril del mismo año, para brindarle el adecuado sostén político a su gestión económica, el gobierno de entonces dio un golpe de Estado, disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial. Ese año, con la mediación de su asesor de Inteligencia, el gobernante selló su pacto con la cúpula militar para edificar el régimen autoritario que prevaleció hasta el final de la década. Apenas tomada, la decisión recibió el apoyo de la gente ilusionada por la afluencia de las inversiones extranjeras y por la providencial captura del jefe del PCP-SL. Más tarde se combinó la manipulación masiva de los programas de asistencia social con el control de todos los poderes del Estado y el soborno a los dueños de los medios de masas como la televisión. Era la combinación de discursos neoliberales y prácticas autoritarias, también aplicada en países vecinos. Desde el comienzo de este ciclo, a mediados de 1992, la institución expresó su oposición. En su número 74, Quehacer tituló: “Salvo el mercado, todo es ilusión: El sendero liberal”, y Quehacer n.º 78 rotuló: “Dividiendo al país”.