beneficios del estallido social de Chile
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CHILE Y EL ESTALLIDO SOCIAL
En los últimos días hemos sido testigos de una escalada de protestas sin precedentes desde la transición democrática en 1990. Ante el anuncio del Gobierno de Sebastián Piñera de subir las tarifas del metro, diversos grupos de jóvenes de la capital optaron por ingresar por la fuerza a distintas estaciones e invitaron a otros pasajeros a eludir el pago del billete. En cuestión de horas, la evasión se masificó, al tiempo que comenzaron a producirse multitudinarias movilizaciones sociales.
Las reacciones iniciales del Gobierno fueron desafortunadas. Mientras que el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, sugería a los pasajeros levantarse más temprano para pagar una tarifa más económica, el presidente era fotografiado, en los albores del estallido social, celebrando el cumpleaños de su nieto en una pizzería. En pocos días, las movilizaciones se convirtieron en una ola de intensas protestas a nivel nacional, mayoritariamente pacíficas, acompañadas por algunos hechos graves de vandalismo, saqueos y ataques incendiarios. La represión policial no se hizo esperar. Ante la incapacidad de controlar las protestas, el Gobierno declaró el estado de emergencia y el toque de queda en varias ciudades del país, algo que removió las memorias de un pasado dictatorial.
Si bien el catalizador de este estallido social fue el incremento del precio de los billetes del metro, las causas son mucho más complejas y se han ido gestando lentamente durante décadas. Hace un par de años, con Cristóbal Rovira Kaltwasser, analizábamos los crecientes desafíos a la representación democrática de Chile, advertimos de que podía estar configurándose una crisis que, lamentablemente, se ha acabado desencadenando. Sus orígenes están vinculados a la combinación de tres factores.
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En primer lugar, Chile experimentó una marcada reducción de la pobreza cuya contracara fue una expansión vertiginosa de los sectores de ingresos medios. Sin embargo, se trata de una ‘nueva clase media’ altamente precarizada. De acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, el único quintil de ingresos que gasta menos de lo que gana es el superior.
Los principales gastos de los hogares chilenos son en alimentos, transporte, vivienda y servicios. El ingreso per cápita del quintil inferior no llega a los 123 euros y el salario mínimo asciende a 370, al tiempo que el 50% de los chilenos gana menos de 494 euros. Esta clase media precarizada tiene muy poco acceso a los beneficios sociales y acumula un descontento creciente. En ese contexto, comienzan a surgir lo que Pippa Norris llama ciudadanos críticos, es decir, demócratas insatisfechos con el funcionamiento de la democracia en su país.
En segundo lugar, probablemente como consecuencia de lo anterior, tras años de desmovilización y atomización social, herencia de casi dos décadas de autoritarismo, los ciudadanos chilenos comenzaron a salir a las calles en un esfuerzo por politizar las desigualdades. Desde el año 2006, cuando los estudiantes secundarios chilenos se movilizaron para denunciar las inequidades de la educación, Chile ha experimentado diversas oleadas de protestas masivas que han afectado a distintos sectores (medioambiente, pensiones o salud), interpelando además a diversas categorías socio-estructurales como la clase, el género o la etnia.