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Respuestas a la pregunta
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Incurre en un delito de omisión del deber de socorro la persona que no ayuda a otra que se encuentra desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin ningún riesgo ni para sí mismo ni para terceros.
La infracción se castiga con la pena de multa de 3 a 12 meses.
También se castiga con la misma pena la conducta de aquella persona que, aunque no puede prestar directamente socorro, no solicita la ayuda de un tercero.
Si el que omite el auxilio ha causado de forma fortuita el accidente que coloca a la víctima en la situación de necesidad de auxilio, la pena será de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 12 meses.
Si el accidente fue causado por imprudencia, se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 24 meses.
El profesional que, estando obligado a ello, niega asistencia sanitaria o abandona los servicios sanitarios, cuando ello ocasione un grave riesgo para la salud de las personas, será castigado con la pena anterior en su mitad superior además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de 6 meses a 3 años.
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DESARROLLO RURAL
El acuerdo preliminar "para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", suscrito por las FARC y el gobierno colombiano el 26 de agosto pasado en La Habana, tiene como primer punto de agenda el "desarrollo agrario integral", que será el tema con el que arrancará el diálogo.
Y es que, después de todo, el tema de la tenencia de la tierra está en la base del conflicto armado colombiano: las mismas FARC nacieron a partir de un grupo de autodefensa campesina constituido en 1964, y el despojos masivo de tierras han sido una de las constantes de un conflicto que ha dejado casi cuatro millones de desplazados.
PARTICIPACION POLITICA
No se les puede pedir a la FARC que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas. No lo harán. Debe existir una salida, y esta salida debe permitirles participar en la arena política", dijo recientemente el mandatario.
En este tema, las primeras dificultades serán de tipo legal, pues la legislación colombiana veta la entrada en la arena política de quienes hayan sido requeridos por la justicia.
Y si los obstáculos locales son superados a través de una amnistía o algún otro acto legislativo, como la reglamentación del denominado Marco para la Paz, los guerrilleros todavía podrían tener que hacer frente a requerimientos internacionales.
DESMOVILIZACION
La posición del presidente Juan Manuel Santos, por lo pronto, es que las operaciones militares continuarán hasta que un acuerdo definitivo haya sido alcanzado.
Pero algunos analistas han llamado a buscar acuerdos específicos que permitan ir reduciendo paulatinamente la intensidad del conflicto y sirvan para confirmar la buena voluntad de las partes.
Como parte de este tema, el acuerdo preliminar de La Habana también dice que el gobierno colombiano "intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo" y, en particular "contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos".
NARCOTRAFICO
Hace algunos años, el jefe de la división antinarcóticos de la Policía Colombiana, César Pinzón, afirmó que el grupo guerrillero se había convertido "el gran cartel que controla los laboratorios en la selva y maneja las rutas de salida de la droga en el país".
Las FARC, sin embargo, lo niegan, sosteniendo que se limitan a cobrar "un impuesto en las áreas donde se produce la coca" a los comerciantes que "entran a vender y a comprar la coca ahí para la reventa".
"Pero la cuestión del tráfico, las cadenas de la producción, procesamiento o exportación, no la tenemos", afirmó recientemente Rodrigo Granda, uno de los delegados rebeldes a la mesa de negociación.
VICTIMAS
Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional -FARC-EP. En ese sentido se tratarán: (1) Derechos humanos de las víctimas y (2) Verdad", se lee en el texto original.
Pero es lo que no está mencionado en el documento lo que hace que este sea un tema tremendamente espinoso, estrechamente conectado con otros puntos de la agenda como la participación política y el desarrollo rural.
"Los derechos de las víctimas son el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Este documento no habla en ningún lado de reparación ni de justicia", le dijo a BBC Mundo Rafael Guarín, exviceministro de Defensa de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe y experto en temas de política y seguridad.