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La crisis económica internacional del capitalismo repercutió en el Perú removiendo las bases del sistema de dominación. La caída de los precios de las materias primas en el mercado internacional determinó que las exportaciones peruanas declinarán en 59% y se redujeran las importaciones en 63%, con respecto a los precios de 1929. Los enclaves mineros y agrícolas despidieron a más de la mitad de sus trabajadores y los salarios se redujeron en una proporción análoga. Los algodoneros suspendieron el enganche de cerca de 40000 campesinos serranos que bajaban a apañar algodón a fin de complementar sus ingresos.
En Lima, el desempleo alcanzó casi a la cuarta parte de los trabajadores. La reducción de los ingresos fiscales, por la radical disminución de las entradas aduaneras y la suspensión de los préstamos norteamericanos, obligó al gobierno a paralizar las obras de mejoramiento urbano, lo que afectó al 70% de los obreros de la construcción. La reducción de la capacidad de compra motivó el despido de 12% de los trabajadores textiles. Los empleados del gobierno, cuyo número se había duplicado durante el “oncenio” se encontraron impagos. La ola de bancarrota arrastró consigo a la entidad financiera de mayor importancia del país, el Banco del Perú y Londres, deteriorando aún más la difícil situación económica. El desempleo y la comprensión de los ingresos urbanos trajo consigo una brusca reducción en la demanda de alimentos, que incidió sobre las rentas de los terratenientes e ingresos de los pequeños propietarios y comunidades indígenas, tradicionales proveedores de alimentos de los centros urbanos.
Este descalabro provocó la ruptura de los lazos de clientela que Leguía había establecido con los propietarios y el desencadenamiento de las fuerzas sociales generadas por el desarrollo del capital. En agosto de 1930, el comandante Luis M. Sánchez Cerro se levantó en armas con el patrocinio de los terratenientes del sur. Debido a las repercusiones de la crisis económica internacional, el movimiento militar contó con el decidido apoyo de la población, que coincidió con el ingreso masivo de las capas populares a la vida política del país.
Frente a la insurgencia popular que reclamaba sus derechos políticos y sociales, se encontraba una clase propietaria fragmentada debido a la división provocada por Leguía en el momento de su ascenso y a la bancarrota del sector que contó con el apoyo oficial durante el “oncenio”. El civilismo “clásico” volvió a hacer su entrada en la vida pública pretendiendo recuperar el sitial que había tenido durante la “república aristocrática”. Las oligarquías regionales se encontraron descabezadas y a la búsqueda del amparo político de nuevas figuras. Víctor Villanueva (1973: 199) cita el texto de un telegrama enviado por un subprefecto a un capitán del Ejército, que caricaturiza esta situación. “Ruégote comunicar posibilidades triunfo revolución fin adherirme”.
Mientras tanto los sectores populares se organizaban rápidamente, particularmente alrededor del APRA y su jefe, Haya de la Torre. De allí que el enfrentamiento entre la clase propietaria, políticamente desintegrada, y las clases populares, en proceso de integración, definía la situación del momento como prerrevolucionaria. Sin embargo, tres años más tarde, en 1933 este periodo se cerró al trastocarse la tendencia señalada. Entonces, el conjunto de propietarios se agrupó alrededor del general Benavides –el mismo que derrotó a Billinghurst 18 años atrás- y de las fuerzas militares, derrotando al movimiento popular que pretendía destruir el Estado oligárquico.
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La crisis económica internacional del capitalismo repercutió en el Perú removiendo las bases del sistema de dominación. La caída de los precios de las materias primas en el mercado internacional determinó que las exportaciones peruanas declinarán en 59% y se redujeran las importaciones en 63%, con respecto a los precios de 1929. Los enclaves mineros y agrícolas despidieron a más de la mitad de sus trabajadores y los salarios se redujeron en una proporción análoga.
En Lima, el desempleo alcanzó casi a la cuarta parte de los trabajadores. La reducción de la capacidad de compra motivó el despido de 12% de los trabajadores textiles. La ola de bancarrota arrastró consigo a la entidad financiera de mayor importancia del país, el Banco del Perú y Londres, deteriorando aún más la difícil situación económica.
En agosto de 1930, el comandante Luis M. Sánchez Cerro se levantó en armas con el patrocinio de los terratenientes del sur. Debido a las repercusiones de la crisis económica internacional, el movimiento militar contó con el decidido apoyo de la población, que coincidió con el ingreso masivo de las capas populares a la vida política del país.
Frente a la insurgencia popular que reclamaba sus derechos políticos y sociales, se encontraba una clase propietaria fragmentada debido a la división provocada por Leguía en el momento de su ascenso y a la bancarrota del sector que contó con el apoyo oficial durante el «oncenio». Las oligarquías regionales se encontraron descabezadas y a la búsqueda del amparo político de nuevas figuras. «Ruégote comunicar posibilidades triunfo revolución fin adherirme».
Mientras tanto los sectores populares se organizaban rápidamente, particularmente alrededor del APRA y su jefe, Haya de la Torre. De allí que el enfrentamiento entre la clase propietaria, políticamente desintegrada, y las clases populares, en proceso de integración, definía la situación del momento como prerrevolucionaria. Sin embargo, tres años más tarde, en 1933 este periodo se cerró al trastocarse la tendencia señalada.