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Para Andrés Valdivieso, docente en la
Javeriana de Derecho Internacional
Humanitario, el DIH tiene “unos
mecanismos muy específicos que
prohíben los bombardeos, sobre todo si
no se tiene certeza del objetivo militar”.
Esta condición está enmarcada, según el
profesor, en la distinción, principio fundamental de este ordenamiento internacional en el
que se diferencia entre combatientes y civiles. En el caso del bombardeo del 30 de agosto,
este principio no se habría “llevado con la suficiente rigurosidad”, declaró el experto, quien
señaló que las Fuerzas Militares no habrían tenido certeza del objetivo, por lo que se habría
incurrido en una vulneración frontal del Derecho Humanitario.
“La acción estatal tiene que prever las consecuencias directas de los resultados. En este caso,
aparentemente, porque no se tiene el acceso a los documentos confidenciales y de
inteligencia, no se tuvo en cuenta el principio de distinción por el hecho objetivo: las
víctimas que son los menores involucrados”, concluyó Valdivieso, quien aseguró que el
argumento dado por las Fuerzas Militares de que no se sabía había menores de edad en el
campamento no es válido ya que, “en derecho, el desconocimiento de la ley no exime de la
responsabilidad jurídica, en este caso responsabilidad penal. Entonces claramente el
argumento de que no sabían que había menores de edad no es excusa” Una posición similar
tuvo Alfredo Beltrán, doctor en derecho que llegó a ser presidente de la Corte
Constitucional. El exmagistrado Beltrán reconoce que hubo una violación en el principio de
distinción, pues hubo “bombardeos indiscriminados donde podía haber civiles” y eso “trae
responsabilidad si se incurre en algunos daños”, como terminó ocurriendo. El expresidente
de la Corte Constitucional también dijo que, incluso si estaban uniformados, los menores
tienen una protección consagrada en los derechos del niño. “El reclutamiento de menores es
reprochable y, si van a perseguir a sus reclutadores, no pueden bombardearlos en forma
indiscriminada mientras tengan niños”, declaró.
Camilo Umaña, profesor de la
Universidad Externado, experto en
derechos humanos y DIH y doctor en
criminología, sostiene que la falla del
Estado podría haber comenzado en los
pasos que no se tomaron para preservar
el principio de precaución. “Aunque el
DIH autorice el uso de la fuerza letal, eso
no significa que es una carta en blanco
para matar. Que el Gobierno esté
diciendo hoy que no sabía que en el
campamento había menores de edad,
cuando la fisionomía de un niño es tan evidente, es muestra de que las Fuerzas Militares no
tenían la información suficiente antes de ejecutar el bombardeo”.
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