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Esta sui generis definición negativa del delito político ha tenido evidentes consecuencias en las actuales políticas de reincorporación y reinserción. Por un lado, facilitó el reciclaje de narcotraficantes y delincuentes comunes en las filas de las autodefensas en proceso de negociación, estimulando la compra de franquicias de grupos y estructuras armadas y distorsionando la población beneficiaria de la política; por el otro, desestimuló la desmovilización total de las estructuras paramilitares y la reinserción de sus miembros, ya que se mantienen los lazos de adhesión y control mafioso de los jefes de estos grupos sobre sus subalternos; finalmente, deja una inmensa incertidumbre jurídica y pone a los beneficiarios en condición de fragilidad ante la eventual actuación de las cortes internacionales al no incorporar adecuadamente los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación.

Instrumento contrainsurgente: La reinserción surgió como un componente de los procesos de paz. A pesar de la continuidad de la confrontación, los desmovilizados de los noventa no estaban obligados a entregar información de inteligencia a las autoridades como contraprestación a los beneficios obtenidos. Bastaba su inclusión en los listados oficiales de su respectiva organización y la decisión de ésta de abandonar la lucha armada para acceder a las favorabilidades jurídicas, económicas y sociales. Incluso, todos se consideraban "gestores de paz" al convertirse en activistas comunitarios, líderes políticos o promotores de los acuerdos de paz en sus comunidades o escenarios políticos y sociales. Así lo testimonia su participación en la Asamblea Constituyente, la gobernabilidad, la actuación parlamentaria y en los movimientos de paz y de derechos humanos.

Todo ello no protegía a esta población de los riesgos que implicaba hacer la paz en medio del conflicto. Las guerrillas que se mantuvieron en armas consideraron estos procesos como un acto de alta traición y los sectores de extrema derecha no dejaron de considerar a los ex guerrilleros como "enemigos". Ello significó la muerte de cerca del 15% de los miembros de las organizaciones que firmaron la paz, además de los desplazamientos, amenazas, atentados y persecuciones de las que fueron víctimas. No obstante, tanto los funcionarios de los gobiernos como los voceros de dichas organizaciones consideraron que el mejor blindaje frente al acecho de la guerra era la ruptura radical con ella.

Similar tratamiento recibían los desmovilizados individuales. A pesar de que su reinserción derivaba de un acto de deserción de su grupo, lo que adicionaba una mayor vulnerabilidad en materia de seguridad, el decreto 1385 de 1994 establecía que la valoración de su desmovilización se podría basar en "la información suministrada por los organismos de seguridad del Estado, los medios de prueba que aporte el interesado, la entrega material de las armas a la autoridad competente...". Obsérvese que, salvo el reconocimiento de su condición de rebelde y la entrega de su arma de dotación, en ningún caso se le exigía la entrega de información de inteligencia o su participación en acciones militares.

Hasta la reclusión de los desmovilizados en las guarniciones militares está claramente delimitada por el 1385, que en su artículo 2º establece: "la Fiscalía Regional... podrá autorizar la permanencia de la persona que se entrega voluntariamente en instalaciones militares, así como disponer su reclusión en cuarteles militares siempre que así lo solicite el beneficiario de estas medidas". Y continúa: "Cuando el recluido manifieste su voluntad de no continuar en una instalación militar, será trasladado al centro carcelario que determinen las autoridades competentes".

Y en efecto, el Programa Presidencial para la Reinserción cuidó con especial celo el perfil pacifista de la desmovilización y reinserción individual, al punto que la protección de estos en albergues temporales se encomendó a la Cruz Roja Internacional y a organismos similares, de tal suerte que sus sitios de atención cumplieran estándares internacionales mínimos o se inscribieran en el marco de acciones humanitarias.

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