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Respuestas a la pregunta
16. indagen en páginas web sobre los avances de la Carta Magna del Ecuador y comparen con otras de América Latina.
Los avances de la Carta Magna o Constitución del Ecuador de 2008.
La Revolución Ciudadana asumió el poder en enero de 2007 con el discurso de “refundar el Estado”. Este objetivo incluía la convocatoria a una Asamblea Constituyente de plenos poderes, con el fin primordial de redactar una nueva Constitución. Las condiciones sociales y políticas que explican el ascenso de Rafael Correa al poder se resumen en una fuerte crítica al sistema representativo y al modelo de Estado “neoliberal”3. Se suponía que la nueva Constitución debía cambiar los fundamentos del Estado y de la economía, con el fin de alcanzar el “buen vivir” (art. 3º, Nº 5, CR) para todos los ecuatorianos.
La nueva Constitución del Ecuador fue aprobada, mediante referéndum, el 28 de septiembre de 2008. Las primeras reacciones de los especialistas fueron positivas y se concentraron en resaltar especialmente los aspectos innovadores de la parte dogmática (derechos y sus garantías), mientras que a la parte orgánica se le prestó poca atención o los análisis fueron sobre todo descriptivos.
Comparación con otras cartas magnas o constituciones de América Latina.
En las últimas cuatro décadas, América Latina ha redactado una cantidad asombrosa de nuevas constituciones en comparación con la mayoría de las demás regiones del mundo. Entre 1978 y 2008, generó 15 constituciones nuevas y numerosas reformas constitucionales. Muchas de estas transformaciones ayudaron a gobiernos a dejar atrás un pasado autoritario o profundizaron sistemas democráticos. Algunas forjaron derechos individuales y colectivos más sólidos, y nuevas vías para la participación ciudadana. Pero la modificación constante de las cartas magnas también puede crear inestabilidad. Como se explicó en un estudio sobre constituciones latinoamericanas y un seminario en Chile auspiciado por el Departamento de Investigación del BID, los ciudadanos podrían sentir que las constituciones se cambian simplemente para reforzar el poder de un partido o un presidente, socavando la fe en el gobierno.
Los sistemas políticos también se han vuelto más representativos e inclusivos. En países donde los presidentes solían nombrar alcaldes y gobernadores, como en Bolivia, Venezuela y Colombia, los votantes ahora eligen a sus líderes locales. A nivel legislativo, los ciudadanos solían votar por listas partidarias cerradas para elegir a los miembros del Congreso, y el partido luego decidía qué escaño recibía cada candidato. Hoy, con las constituciones nuevas, es común el voto directo por los candidatos. Lo mismo sucede con el voto en el marco de listas flexibles o abiertas, donde los votantes pueden expresar sus preferencias entre varios candidatos. En tanto, las constituciones actuales tienden a favorecer mecanismos que hacen posible que candidatos de muchos partidos tengan la chance de llegar a la presidencia, en lugar de que quede restringida a los representantes de los dos partidos principales, como sucedía antes.
Un ejemplo es el poder creciente de los presidentes sobre las leyes. Como resultado de las nuevas constituciones, los presidentes ahora pueden emitir decretos de emergencia que tienen la entidad de una ley o presentar proyectos de ley que son promulgados automáticamente si el Congreso no toma cartas en el asunto. Esto podría favorecer una toma de decisiones rápida y firme sobre políticas cuando los partidos y las legislaturas son débiles. Pero también puede ser contraproducente. Permitir que los presidentes no necesiten de la aprobación del Congreso puede alimentar esas mismas debilidades y socavar la posibilidad de compartir el poder.
La reelección presidencial, que ha aumentado en general en las nuevas constituciones, podría tener el mismo efecto. Si en la mejor de las circunstancias puede permitir que un presidente siga construyendo sobre sus logros, también puede concentrar poder en el nivel más alto, y socavar la renovación y el cambio. Sin dudas, los congresos de muchos países han adquirido cierta autoridad sobre los presidentes, como la capacidad de aprobar o despedir miembros del gabinete. Pero la centralización del poder en el funcionario de más alto rango va en dirección opuesta a las tendencias más democratizadoras. Además, la idea de que un presidente pueda trabajar para modificar una carta magna como si fuera una pelota de fútbol política para empoderarse o perpetuarse en el poder genera el riesgo de que disminuya el respeto por la ley.
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