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¿cual es la relación entre la inclusión social y la democracia ?
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
Inclusión social y democracia participativa son dos significantes de éxito en el discurso político contemporáneo. Después de siglos de regímenes autocráticos, muy poco participativos y fuertemente excluyentes, podemos alegrarnos de su triunfo, aparentemente incuestionable. A priori, inclusión social y democracia participativa podrían ser las paredes maestras para construir un nuevo relato de la sociedad ideal, adaptado a las condiciones de la nueva época; un relato plausible y con una clara vocación normativa. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Cuando un significante tiene mucho éxito, todo el mundo (grupos sociales, ideologías, etc.) quiere apropiarse de él, y en su entorno empiezan a proliferar usos (y abusos) lingüísticos que lo pueden ir desviando, poco a poco, del significado o significados originales, hasta el punto que esta relación acabe convirtiéndose en irreconocible. El paradigma de la inclusión, por ejemplo, ha conseguido desplazar, en buena parte de la academia y la política, el hasta entonces vigente paradigma, heredero del materialismo histórico, del conflicto de clase. Seguramente este nuevo paradigma permite explicar, mejor que las teorías de raiz marxista, las realidades sociales del siglo XXI y tiene mucho potencial para un planteamiento crítico y transformador. A pesar de todo, el hecho de que en el discurso de la inclusión el problema pueda llegar a ser definido, grosso modo, como la separación de determinadas personas y grupos con respecto a la sociedad "normal", más que como la existencia de conflictos de intereses estructurales, lo ha hecho también atractivo para el pensamiento y la política del campo liberal-conservador. En definitiva, la inclusión social ha triunfado como objetivo político, saltando fronteras ideológicas, gracias a una plasticidad que, por otra parte, plantea el riesgo de ser objeto de usos políticos muy diversos, con finalidades incluso opuestas. Por su parte, el concepto de participación ciudadana ha vivido, en las épocas precedentes, una historia de éxito similar. En su momento fue asumido por los principales actores políticos –ni que fuera de manera superficial– como una forma de mejorar una democracia representativa que no acababa de responder a las expectativas en cuanto a la proximidad y la eficacia de los poderes públicos en el abordaje de los problemas e inquietudes de la ciudadanía. Sin embargo, después de una potente oleada participativa, que ha comportado la proliferación, sobre todo en el ámbito local, de reglamentos, órganos y procesos participativos aplicados a casi todos los campos de la política pública, se han generado muchas dudas respecto a los impactos reales de la participación ciudadana sobre la calidad de las políticas públicas y de la propia democracia.