asaltó al palacio quienes eran los rehenes
Respuestas a la pregunta
La toma del palacio de Justicia, denominada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, fue un asalto perpetrado en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) al Palacio de Justicia, ubicado en el costado norte de la plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la Casa de Nariño, la residencia presidencial. El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia.2 Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército Colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985.
Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 101 muertos,3 entre ellos once magistrados. Once personas más también fueron consideradas como desaparecidas al no conocerse su paradero; número que se reduciría a 6 después de que la Fiscalía anunció en el año 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería que se encontraba desaparecida, fue hallado en una fosa común;4 el 17 de octubre de 2015 el Instituto de Medicina Legal anunció la identificación de los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela.5 En 2017 se anunció que la Fiscalía General de la Nación identificó plenamente los restos del magistrado auxiliar Emiro Sandoval.6
Por las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación desde el año 2005 sobre los civiles desaparecidos durante la retoma del Palacio por parte del Ejército y que salieron con vida del hecho quedando en custodia de la Fuerza Pública, fueron detenidos dos coroneles y el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.7 El coronel (r) Plazas Vega fue condenado en 2010 por la Fiscalía y liberado y declarado inocente el 16 de diciembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia.89
La toma y retoma han sido calificadas como una masacre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).10