argumentos a favor del alza de precios del transporte publico
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Nuevamente, la dirigencia de la transportación ha solicitado el aumento de las tarifas del transporte público. Al escuchar este pedido, las y los ciudadanos recuerdan el pésimo servicio que brindan algunas empresas de transporte, lo que genera un justo reclamo por parte de los usuarios. A pesar de este malestar, resulta preocupante ver las conversaciones entre el Gobierno central y los representantes de los transportistas del país para tratar la elevación del costo del pasaje del transporte público no solo urbano, sino también interprovincial y de taxis.
Frente a este pedido surgen algunas inquietudes que es menester señalarlas. El Gobierno central intenta evadir su responsabilidad al respecto transfiriendo esta decisión a los municipios. La intención de incrementar el costo de los pasajes no está lejos del escenario político actual. Recordemos que el movimiento oficialista (Alianza PAIS) perdió en las últimas elecciones seccionales varias ciudades principales y donde precisamente hoy existe una mayor presión por elevar el precio de los pasajes (Quito, Ambato, Cuenca, Loja, Guayaquil). Es verdad que la tarifa y sobre todo la del transporte público ha estado congelada por varios años; sin embargo, en otras ocasiones el Gobierno inmediatamente encontró varias alternativas para frenar dicha petición.
Es de conocimiento público que hay competencias que han sido transferidas del Gobierno central a los municipios, pero también es necesario reconocer que si se respeta la Constitución y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el Ejecutivo tiene su responsabilidad. El art. 29, numeral 5, de la Ley señala que: concierne al representante del Ejecutivo y al director de la Agencia Nacional realizar los estudios relacionados con la regulación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes clases de servicio, según las condiciones del mercado (...). El art. 3 manifiesta: El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas, mientras el art. 11 señala: El Estado fomentará la participación ciudadana en el establecimiento de políticas nacionales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial (…), lo que no se ha cumplido.
Recordemos que años atrás ya hubo un aumento de ganancias para el sector de la transportación especialmente urbana. El Consejo de Tránsito autorizó que los denominados buses tipo lleven pasajeros parados, medida que inmediatamente fue acogida por los buses especiales, lo cual, principalmente en horas pico, casi triplica el número promedio de pasajeros que se suben a las unidades. Esto generó mayores incomodidades para los usuarios, pero también permitió duplicar las ganancias para los dueños de las unidades que, en su momento, se llegó a manifestar acumulaban montos superiores a los $ 10 mil mensuales. Esta fue una de las formas en cómo el régimen negoció sin tomar en cuenta el trato al usuario.