análisis sobre el caso de la niña indígena violada por los soldados
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El domingo pasado, sobre las cinco de la tarde, una menor de edad de la comunidad embera chamí salió de su casa, en pleno día de mercado, para conseguir unas frutas y no regresó a su vivienda. Al día siguiente fue encontrada sola y llorando cerca del río que pasa por el corregimiento Santa Cecilia, en Pueblo Rico, Risaralda.
Una semana después, la menor, que fue violada por un grupo de soldados que prestaban su servicio en el Batallón San Mateo, está bajo protección del Bienestar Familiar en Pereira, parte de su familia tuvo que dejar su casa en Pueblo Rico para acompañarla y apoyarla en la capital del departamento, y siete militares están privados de su libertad en una unidad militar mientras esperan una condena de hasta 30 años de cárcel por su responsabilidad en el atroz hecho.
“La niña fue muy valiente, porque apenas la encontraron de inmediato le contó a la familia lo que le había pasado”, señaló a este diario un líder comunal de la zona. De hecho, el testimonio de la menor, que alcanzó a identificar a algunos de los victimarios, hizo parte de las más de 40 evidencias en poder de la Fiscalía para judicializar a los uniformados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.
Otra de las declaraciones clave fue la de un sargento que notificó a sus superiores de la denuncia que estaba haciendo la comunidad y dio las primeras pistas sobre los uniformados que se encontraban en la zona en la que se registraron los hechos y que, según su concepto, estaban actuando de forma “errática”.
Luego de tomar nuevas declaraciones entre la comunidad y en la misma unidad militar se logró individualizar a siete uniformados, de entre 18 y 21 años de edad, que llevaban en el Ejército seis de los 18 meses de servicio militar obligatorio.