analice la situación del urbano y lo rural con relación a la emergencia en las grandes ciudades con las principales focos de contagio
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
Aunque toda la población es susceptible a adquirir la infección por el virus que causa COVID-19, cuando la transmisión ya no está aislada a los casos iniciales—que en muchas partes de América Latina están asociados con los viajes al extranjero y una posición socioeconómica alta—el mayor riesgo de exposición al virus se traslada a las personas que viven en condiciones de hacinamiento, donde no hay acceso al agua y al saneamiento y donde la subsistencia diaria depende de trabajos informales que requieren contacto con otras personas. Esas son precisamente las características de los hogares en zonas urbano-marginales y las razones por las que seguir las recomendaciones de higiene, confinamiento y distancia física son más difíciles, sino imposibles, de llevar a cabo. Por otro lado, la prevalencia de enfermedades crónicas que predisponen a las complicaciones más graves de la COVID-19, como la hipertensión, la obesidad o la diabetes, son más prevalentes en las poblaciones que viven en condiciones de pobreza. Por ello, el análisis de la determinación social de la salud, en particular en estas poblaciones, es una herramienta esencial en la respuesta a la pandemia de COVID-19.
En comunidades rurales en situación de pobreza, donde la pandemia está llegando o llegará, las dificultades son diferentes a las del hacinamiento de las zonas urbano-marginales. Por un lado, están más distantes de los servicios públicos, en particular de los establecimientos de salud equipados para atender a las personas que desarrollen complicaciones por la COVID-19. Por otro, según la historia de cada país, las zonas rurales de mayor pobreza pueden estar pobladas por comunidades indígenas cuyos derechos son vulnerados de manera sistemática, tanto en el acceso a oportunidades como en la discriminación en los establecimientos de salud.
Por ello las campañas de información y las políticas públicas tienen que ser transparentes y estar adecuadas a las distintas condiciones de vida, y en particular a las de las poblaciones que sobreviven con mayores dificultades tanto en zonas urbanas como rurales. Para lograr una mayor adecuación, es indispensable contar con la participación de personas que viven en estas comunidades y de organizaciones comunitarias que tienen trayectoria y credibilidad en esas zonas, ya que se trata de quienes tienen mejor conocimiento de las necesidades de la población y de su capacidad de aceptar medidas que van a requerir una adaptación temporal o de medio plazo a nuevas formas de organización social. Ante el avance de la pandemia, es indispensable que las comunidades urbano-marginales e indígenas formen parte de la elaboración de políticas públicas que sean equitativas, que promuevan la prevención de la transmisión, que faciliten el aislamiento de las personas sintomáticas y el tratamiento de quienes desarrollen complicaciones sin que ocurran instancias de discriminación.
Al mismo tiempo, es indispensable que estas políticas públicas se establezcan con perspectiva de género, ya que las carencias y necesidades de las mujeres, en particular si están a cargo de niños, personas mayores o personas con discapacidad o si sufren violencia por parte de sus parejas, requieren una priorización particular. Es importante señalar que los sistemas de atención a niños en edad escolar se han transformado por el cierre repentino de las escuelas, lo cual se traduce en mayor carga de responsabilidad para las personas que los cuidan, que en la mayoría de los países de América Latina suelen ser sus madres—muchas de ellas, adolescentes. La responsabilidad que exige el cuidado de familiares puede retrasar la búsqueda de atención cuando la persona a cargo desarrolle síntomas de la COVID-19 o de otras condiciones de salud. Por ello las políticas públicas y la acción comunitaria deben ser proactivas en la búsqueda de las mujeres que se sientan imposibilitadas para salir de sus hogares para buscar atención, así como de las personas mayores que vivan solas, lo cual puede ser incluso más difícil en contextos de alta inseguridad callejera.
La falta de acceso al agua en zonas urbano-marginales y rurales, que dificulta poner en práctica medidas de higiene básicas como lavarse las manos con frecuencia, deben subsanarse, a corto plazo, con mecanismos diarios de distribución de agua que lleguen a las comunidades (con camiones u otros medios de transporte) y, a medio plazo, con la construcción de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento que formen parte de los planes de urbanismo donde exista precariedad y que a la vez contribuyan a disminuir el hacinamiento en los hogares.
La prevención de la transmisión del virus en las personas que sobreviven con trabajos informales requiere, en un plazo inmediato, de la prestación de transferencias monetarias que les permitan subsistir, como se está realizando en la República Dominicana con el Programa Quédate en Casa, sin necesidad de salir de casa y exponerse al riesgo de adquirir el virus que causa COVID-19.