alguen me dice que ocurrió es el poder de los reyes?
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El 22 de noviembre de 1975 -pronto hará 32 años-, Juan Carlos de Borbón se presentaba, en el primer mensaje de la Corona, "como Rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las Leyes Fundamentales del Reino y el mandato legítimo de los españoles". Débiles títulos, a pesar de su aparente fortaleza y rotundidad: la tradición histórica había quedado, más que interrumpida, quebrada por la abdicación de Alfonso XIII; las Leyes Fundamentales franquistas tenían los días contados, aunque no faltaban reformistas dispuestos a modificarlas para que todo siguiera igual o parecido; y los españoles se habían visto privados desde febrero de 1936 de la libertad de conferir ningún mandato legítimo. En realidad, Juan Carlos de Borbón se podía presentar como Rey de España porque su antecesor en la Jefatura del Estado, en virtud de su "suprema potestad", así lo había dispuesto.
De modo que el Rey comenzó a reinar no sólo gobernando sino acumulando toda la cantidad de poder posible; nada que ver con un monarca que debe a la tradición su acceso al trono. Su mandato procedía en exclusiva de las Leyes Fundamentales y por eso su primer empeño consistió en abrir el juego político a nuevos participantes con el propósito de ampliar las bases heredadas de la dictadura, sin romper con ella, reformando aquellas leyes hasta el límite de lo posible. En este punto, en el primer semestre de 1976, más que de transición se hablaba de reforma, y nadie había visto todavía en el Rey ningún motor, ningún piloto de ningún cambio. Por su parte, el Rey había recordado, ante el Consejo del Reino, que sólo a él correspondía "la decisión última en los asuntos más trascendentales y en los casos de decisión excepcional, grave, o de emergencia".
Así estaban las cosas cuando el proyecto Arias-Fraga de reformar las Leyes Fundamentales entró en barrena, en medio de una movilización popular y obrera de una magnitud sin precedente y de los obstáculos surgidos en las mismas instituciones del régimen. Fue entonces cuando el Rey, haciendo uso de sus poderes, afirmó ante el Congreso de Estados Unidos: "La Monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en España la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegure el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de Gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados". Era una nueva concepción del papel de la Corona, ansiosa por alejarse de las fuentes de su supuesta legitimidad para presentarse como "árbitro, defensor del sistema constitucional y promotor de la justicia".
Poder arbitral en el ejercicio de una función integradora: así percibía el Rey su posición como "monarca constitucional" en el primer mensaje a las Cortes elegidas en junio de 1977, una autodefinición algo precipitada pues aún no había Constitución y ya se había disuelto la pretensión de reformar la inexistente. Monarca constitucional lo sería al término de un proceso constituyente que se consumara con un recorte sustancial de su poder. Fue la representación del Partido Comunista, muy hábil y eficaz en el debate sobre la Monarquía, la que consiguió "que la Monarquía inevitable fuera una República coronada", como recordaría luego Jordi Solé Tura, desbaratando la pretensión de atribuir a la Corona "efectivas competencias moderadoras y arbitrales", de modo que se convirtiera en una "poderosa magistratura arbitral", como soñaba el representante de UCD, Miguel Herrero de Miñón.
Insólita por su origen, la Monarquía española lo fue también por el rápido tránsito desde la acumulación de todo el poder a su limitación a un poder simbólico. ¿Sólo simbólico? Naturalmente, los constitucionalistas disputan, pero lo que no tiene discusión es que todos "los actos del Rey" necesitan para ser eficaces el refrendo del presidente del Gobierno o del ministro competente en la materia. Ocurrió, sin embargo, que cuando esta exigencia quedó clara, se produjo una nueva y extraordinaria circunstancia: la legitimidad constitucional alcanzada por esta vía se vio reforzada en el baño de adhesión popular tras un "acto del Rey" situado por necesidad al margen de la Constitución, sin posible refrendo del Gobierno: su actuación en la tarde del 23 y en la madrugada del 24 de febrero de 1981.
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