Acciones que realice el Gobierno Federal para cumplir con los principios democráticos de legalidad y legitimidad.
Respuestas a la pregunta
El Estado de Derecho supone la primacía de la ley por sobre la voluntad caprichosa de los gobernantes (8). De allí la importancia de la tensión entre la primacía de este principio y la realidad de la delegación legislativa en el Ejecutivo, una de las formas de la crisis del principio de la división de poderes. La tendencia creciente hacia la delegación se desarrolló y creció en forma notable durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente en Francia. En el marco de un régimen parlamentario, el impacto es relativamente menor que en uno presidencialista, por cuanto el parlamento crea al Ejecutivo, el que se desprende en su continuidad del propio parlamento. Precisamente por ello, la situación en Estados Unidos fue más crítica, puesto que prácticamente no hubo delegación legislativa. Cuando razones de emergencia impusieron una ampliación de la intervención de los poderes públicos, se usó del procedimiento legislativo de ampliación del poder de policía. No se ampliaron las competencias del Ejecutivo, tampoco después de la segunda pos-guerra. Se mantuvo el control de constitucionalidad en manos del Poder Judicial. Cumpliendo la Suprema Corte de Justicia, una función de co- gobierno, se amplió entonces el espacio de lo justiciable (9).
El principio de legalidad, es la idea base del Estado de Derecho. La formulación del Estado de Derecho que implica el principio de legalidad también ha sufrido cambios.
El imperio de la ley se basa no sólo en la adopción de garantías adecuadas contra los abusos que el Poder Ejecutivo haga de sus atribuciones, sino también en la existencia de un gobierno efectivo, capaz de mantener la ley y el orden y de garantizar para los miembros de la sociedad condiciones de vida apropiadas en las esferas económica y social (10).
La gobernabilidad es entendida como una situación en la cual existe una sobrecarga de demandas sobre la estructura tradicional del Estado y los instrumentos conceptuales y normativos del Estado de Derecho.
Esto es así en la medida en que la acción de gobierno basada en la decisión eficaz como exclusiva fuente de legitimidad, aún por sobre la legalidad constitucional, al colocarse en las antípodas del primado de la representación, la deliberación y la discusión que está en la base del sistema parlamentario, el equilibrio y la división de los poderes que sustenta el Estado de Derecho, desinvolucra a las fuerzas y actores sociales del compromiso que caracteriza a la democracia y queda prisionera de sus propios éxitos.