a quienes pretendía aniquilar el nuevo sistema de gobierno impuesto por los militares ?
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Respuesta:
La expresión «decretos de aniquilamiento» suele ser utilizada para referirse a cuatro decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina, durante el año 1975, dictados durante el gobierno constitucional peronista de María Estela Martínez de Perón, con el fin de organizar las fuerzas militares y de seguridad para combatir contra las organizaciones guerrilleras que actuaban por entonces en el país. Solo dos de ellos, el primero limitado a la provincia de Tucumán, y el último con alcance nacional, establecen expresamente la orden de «aniquilar el accionar de los elementos subversivos».1
El primer decreto llevó la firma de la presidenta María Estela Martínez de Perón y sus ministros, y se dictó el 5 de febrero para dar inicio al Operativo Independencia, generado para combatir el foco insurreccional establecido en la Provincia de Tucumán. Los tres restantes decretos fueron dictados el 6 de octubre y firmados por el presidente provisional del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo por licencia de la presidenta María Estela Martínez de Perón, Ítalo Luder y los ministros, y tuvo como objetivo establecer las instancias institucionales para conducir la «lucha contra la subversión», mediante la constitución del Consejo de Seguridad Interna, por el Presidente de la Nación.
Las Fuerzas Armadas y los grupos policiales y parapoliciales, se valieron de los decretos para militarizar el país y utilizar medidas de terrorismo de Estado sin control judicial, contra las organizaciones guerrilleras y también contra activistas políticos, sindicales, religiosos, comunitarios y de derechos humanos. Muchos de los militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos luego de 1975, invocaron sin éxito los decretos de aniquilamiento como una orden del Poder Ejecutivo constitucional, para proceder a la tortura, secuestro y ejecución sin juicio de personas.
Los llamados decretos de aniquilamiento y la manera en que fueron aplicados se consideran un antecedente inmediato y directo del golpe de Estado de 1976. Una vez instalada la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, se dictó la Orden Secreta del 17 de diciembre de 1976, eliminando la orden de «neutralizar y/o aniquilar el accionar» subversivo, para precisar que la orden era «aniquilar a los delincuentes subversivos».
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