3 situaciones que han vivido las familias en timpo de pandemia
sentimientos y actitudes de cada situacion
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
El coronavirus (COVID-19) es una emergencia de salud pública con impactos multidimensionales inmediatos y en el largo plazo, que conllevan riesgos y efectos
particulares en las niñas, niños, adolescentes y en las familias.
Si bien la niñez no es el grupo de población más afectado en términos de salud,
tiene el doble de probabilidades que los adultos de vivir en pobreza y es extremadamente vulnerable a sus consecuencias sociales y económicas (UNICEF, 2017). A su
vez, la población en situación de pobreza y los grupos más vulnerables están expuestos a un mayor riesgo frente a shocks como los que representa una pandemia
y sus impactos pueden tener repercusiones profundas en ellos y ellas, así como en
las sociedades y comunidades en general.
Las niñas y niños son las víctimas ocultas del coronavirus. La pandemia del COVID-19
y las medidas tomadas por el gobierno para disminuir su propagación han alterado
la vida de los hogares con niñas, niños y adolescentes y han generado cambios en
los hábitos y rutinas de las personas. Hay un conjunto de efectos colaterales que
impactan especialmente a la niñez y adolescencia en dimensiones como educación,
nutrición, salud física y mental, ocio y recreación, protección, entre otras. En particular, estos efectos se intensifican en aquellas poblaciones más vulnerables como
las familias que viven en situación de pobreza.
Durante la ocurrencia epidemias o pandemias, las mujeres, niñas y niños se encuentran
expuestos en mayor medida a situaciones de violencia, maltrato, abuso o explotación
(UNICEF, 2020). A su vez, las mujeres también se enfrentan a una mayor carga de las
tareas y cuidados en el hogar (Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 2020).
Además, durante una emergencia de salud pública es crucial conocer las medidas
de prevención aplicadas en los hogares, la adhesión y respeto de las medidas de
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distanciamiento, o los medios de comunicación por los que la población se está
informando.
Por otro lado, la pérdida repentina de ingresos familiares afecta la capacidad financiera de madres, padres y cuidadores para acceder a bienes y servicios esenciales
para satisfacer las necesidades de los niños y las niñas. Las desigualdades en el
acceso a servicios de salud, a esquemas de protección social y de ingresos, la posibilidad de adquirir alimentos nutritivos, la ausencia de infraestructura de saneamiento e instalaciones de agua para el lavado de manos en los hogares, la falta de
opciones de conectividad y de aprendizaje remoto o a distancia, pueden ampliar las
brechas de inequidad en el ejercicio de derechos (UNSDG, 2020).
En este contexto, los sistemas de protección social ya han demostrado su efectividad para mitigar los efectos de las crisis económicas globales, como ocurrió en la
crisis financiera y de alimentos de 2008 (CONEVAL-UNICEF, 2010). En Argentina, la cobertura en el sistema de protección social, aun cuando presenta retos, logra alcanzar a 4 millones de niñas y niños y al 85,5% del total de población infantil (ANSES,
UBA, UNICEF, CEDLAS, 2017), evidenciando su potencial para ser parte de la respuesta
para contrarrestar los efectos del brote de COVID-19 (UNICEF, 2019).
El gobierno de Argentina ha puesto en marcha un conjunto de medidas en materia
de protección social, que van desde el incremento del monto de las transferencias a
los hogares con niños y niñas a través de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta
Alimentar, la instauración del Ingreso Familiar por Emergencia, la ampliación de las
transferencias de ingresos a otros grupos como adultos mayores, la continuidad y expansión de los apoyos alimentarios y la implementación de políticas amigables para el
cuidado de las familias. Complementariamente, se implementaron políticas de protección de empleo, se fortalecieron los programas de prevención de violencia en el hogar
y contra las mujeres, entre medidas de otra índole (Gobierno de la Nación, 2020)1
.
Considerando el gran esfuerzo financiero realizado por el Estado Argentino para
garantizar protección social a los más vulnerables, es estratégico conocer si los
destinatarios de los programas están satisfechos con las prestaciones, si identifican
barreras o dificultades para acceder a los beneficios, si los montos de la asignación
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