3. Explique tres principios que se establecen en la Ley Nacional de Atención de las
Emergencias y Prevención de Riesgos.
es urgente
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
la finalidad de esta ley es conferir un marco jurídico ágil y eficaz, que garantice la reducción de las causas del riesgo, así como el manejo oportuno, coordinado y eficiente de las situaciones de emergencia. Esta ley incluye la participación de la sociedad civil en la prevención de desastres, como también le otorga al Estado la total responsabilidad de prevenir desastres, e insta a las instituciones estatales a incluir programas de prevención en sus planes.
Por medio de comites regionales, municipales y comunales de emergencias la comisión cumple su función de coordinación de las instituciones publicas, privadas, organismos no gubernamentales, y la sociedad civil que trabajan en la atención de emergencias o desastres. En la ley se establece un plan de emergencia como tambien el manejo de fondos para casos de emergencias.
Nº 8488
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º- Objeto. La presente Ley regulará las acciones ordinarias,
establecidas en su artículo 14, las cuales el Estado Costarricense deberá
desarrollar para reducir las causas de las pérdidas de vidas y las consecuencias
sociales, económicas y ambientales, inducidas por los factores de riesgo de origen
natural y antrópico; así como la actividad extraordinaria que el Estado deberá
efectuar en casos de estado de emergencia, para lo cual se aplicará un régimen
de excepción.
Artículo 2º- Finalidad. La finalidad de estas normas es conferir un marco
jurídico ágil y eficaz, que garantice la reducción de las causas del riesgo, así
como el manejo oportuno, coordinado y eficiente de las situaciones de
emergencia.
Asimismo, esta Ley tiene la finalidad de definir e integrar los esfuerzos y las
funciones del Gobierno Central, las instituciones descentralizadas, las empresas
públicas, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil organizada,
que participen en la prevención y la atención de impactos negativos de sucesos
que sean consecuencia directa de fuerza mayor o caso fortuito.